lunes, 29 de mayo de 2017
Presos que agredan a un funcionario sumarán pena de hasta 4 años de cárcel Posted: 29 May 2017 12:00 PM PDT Madrid, 29 may (EFE).- Los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, como ya sucede si la víctima de una agresión en el ámbito laboral es un sanitario o un profesor, pues la última reforma del Código Penal les reconoció como autoridad pública. Esta es la principal novedad del protocolo contra las agresiones a funcionarios de Instituciones Penitenciarias que, según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado, se pondrá en marcha mañana tras ser ratificado por la Mesa General de la Administración General del Estado. El protocolo contempla la creación de un registro específico de agresiones, la elaboración de un plan de formación para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, así como medidas de apoyo jurídico y psicológico a los empleados públicos penitenciarios que sufran una agresión. La principal novedad, según avanza la CSIF, es que los funcionarios de prisiones tendrán en el Código Penal la misma consideración de la que gozan sanitarios y docentes, lo que conlleva un agravamiento de las penas por agredirles cuando se encuentren en el desempeño de sus funciones. Es decir, contempla el endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias cuando, como consecuencia de actos violentos ejercidos contra los funcionarios, estos sufrieran un quebranto significativo en su salud o en su integridad. La CSIF ha recordado que, actualmente, prestan servicio en Instituciones Penitenciarias más de 23.000 empleados públicos, 900 menos que hace tres años, entre personal funcionario y laboral, 15.000 de ellos dedicados a tareas propias de vigilancia, incluido garantizar el orden y la seguridad interior de los centros penitenciarios. Y ha detallado que en los diez últimos años se han registrado más de 2.000 agresiones a funcionarios en centros penitenciarios. Precisamente, el sindicato de prisiones ACAIP ha denunciado hoy que un preso “muy violento”, con antecedentes por hechos similares, agredió a varios funcionarios en la enfermería de la cárcel de Valdemoro, que, según denuncia, no está preparada para presos peligrosos o violentos. EFE
lunes, 22 de mayo de 2017
CSIF CRITICA EL "TRATO LACERANTE" DEL DIRECTOR A LOS TRABAJADORES
SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el archivo de la
denuncia de un funcionario de la cárcel de Sevilla-I contra el director de la
prisión, Jesús Miguel Garrido, y el subdirector de Tratamiento, después de que
supuestamente le hubieran desalojado del despacho que ocupaba desde hacía 23
años, manteniéndolo "durante largo tiempo en el vacío de tareas",
aunque el tribunal resalta que los denunciados tuvieron un trato
"inadecuado" y "discriminatorio" hacia el trabajador.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de
la Audiencia rechaza el recurso presentado por el trabajador contra la decisión
del juez de Instrucción número 4 de archivar la causa, ya que considera que se
trataron de hechos "puntuales" que "no permiten apreciar la
existencia de indicios racionales" de la comisión de un delito de acoso
laboral.
El tribunal considera que "no ha quedado constatada la vinculación
que la denuncia hace a un supuesto vaciamiento deliberado de funciones"
por parte del director del centro "en connivencia con el otro denunciado,
lo que habría provocado el ostracismo total del apelante", de todo lo cual
"sería colofón su salida del despacho que ocupaba desde años atrás".
Al hilo de ello, la Audiencia manifiesta que, de la declaración que la
jurista de la cárcel prestó ante la Policía, "se desprende que el posible
conflicto de fijación de funciones del sociólogo de prisión venía de
antiguo", añadiendo que "hay que relativizar sobremanera la
afirmación del denunciante achacando al director denunciado que desde su
incorporación y a la fecha del desalojo del despacho le había 'mantenido por
largo tiempo en el vacío de tareas'".
A ello cabe unir que, "existiendo en Instituciones Penitenciarias un
protocolo de denuncia de acoso laboral, no lo activó, acudiendo directamente a
la denuncia penal", puesto que en su declaración policial, tras reconocer
que no provocó la aplicación de dicho protocolo, reconoció también que lo
"sustituyó por denuncia al secretario general de Instituciones
Penitenciarias a primeros de noviembre de 2015", esto es, "unos ocho
meses después de interponer la denuncia origen de este proceso".
Según asevera la Audiencia, "todo lo que se acaba de exponer quiere
decir que no ha quedado suficientemente acreditada esa conducta prolongada en
el tiempo que podría catalogarse como un supuesto de acoso vertical en ámbito
funcionarial en el que los denunciados se hubieren prevalido de una relación de
superioridad para con una actuación de efectos permanentes someter al
recurrente a un trato humillante, contrario a su dignidad".
Además, añade, "tampoco consta debidamente acreditado" por la
instrucción practicada que el "síndrome ansioso-depresivo reactivo a
problemática laboral", causa de la baja médica por incapacidad transitoria
del funcionario, "fuera buscada de propósito por los denunciados, ni que
fuera previsible para los mismos".
"El mero hecho de relacionarse el citado síndrome con
una'problemática laboral', que es lo único que resulta de la instrucción, es
insuficiente base para atribuir la comisión del delito de lesiones psicológicas
que se pretende", considera la Audiencia, que añade que "la misma
falta de suficiente acreditación es predicable del delito de prevaricación
administrativa que se dice cometido", una figura delictiva que "en
modo alguno puede sostenerse en una mera orden de traslado de despacho".
"Por las misma razones carece de fundamento que este tribunal de
alzada se pronuncie sobre la reubicación del apelante en el despacho que
originalmente ocupaba, solicitada como medida 'para el aseguramiento cautelar
de su integridad y salud'", sentencia la Audiencia en este auto consultado
por Europa Press.
El tribunal dice que, de la instrucción practicada, se desprende que, el
día 27 de noviembre de 2014, los dos denunciados se presentaron en el despacho
que el funcionario ocupaba desde hacía 23 años, entregándole una notificación
escrita, que éste debía firmar, para desalojar en término de un día dicho
despacho "aunque sin darle una nueva ubicación de destino en ese
momento".
Según agrega, de su nueva ubicación "se enteró al día
siguiente", cuando el subdirector de Tratamiento "se presentó
acompañado de un jefe de Servicios que le leyó un texto escrito que indicaba esa
nueva ubicación, del que no se le dio copia", todo ello mientras el
antiguo despacho del recurrente "estuvo vacío durante cerca de dos meses,
siendo ocupado posteriormente por una psicóloga", tal como testificó en
sede policial una funcionaria del centro penitenciario.
Ante la situación generada, el funcionario denunció los hechos ante la
Inspección de Trabajo, motivando ello que el 28 de enero de 2015 un inspector
se presentara en la cárcel y se entrevistara con los dos denunciados,
manifestándole el subdirector que los sociólogos del centro"dependían del
director", así como que la decisión del traslado del recurrente "la
tomó el director" y que su motivo fue "la optimización de
recursos".
INSPECCIÓN
DE TRABAJO
Posteriormente, dicho inspector se entrevistó con el director denunciado,
quien le expuso que los sociólogos "dependían jerárquicamente del
subdirector de Tratamiento, el otro denunciado", reflejando el informe del
inspector que, ante tal afirmación, el subdirector "reacciona y se origina
una discusión entre ambos sobre la cuestión".
El informe también refleja que el director "reconoció haber dado la
orden de desalojo por razones estructurales y funcionales y que cuando el
inspector le solicitó aclaración sobre tales razones no dio ninguna en
concreto".
Antes de entrevistarse con ambos denunciados, el inspector de Trabajo
acudió al despacho del funcionario, mientras que, entre ambas entrevistas,
dicho inspector visitó de nuevo junto con el subdirector el nuevo despacho del
trabajador, constando en el informe que "a miafirmación de que el trato
que se le está dispensando no es el más adecuado, teniendo en cuenta el estado
del despacho, dice que le extraña la presencia de botes y herramientas, que
parece que alguien las haya puesto adrede".
CSIF CRITICA EL "TRATO LACERANTE" DEL DIRECTOR A LOS
TRABAJADORES
La Audiencia concluye señalando que las condiciones de la nueva ubicación
del nuevo despacho del denunciante fueron corregidas tras la actuación de la
Inspección de Trabajo.
Tras conocer el auto de la Audiencia, el coordinador de Prisiones de CSIF
en Sevilla, Claudio Esteban, ha criticado en declaraciones a Europa Press
"el trato lacerante y casi continuo" del director de Sevilla-I hacia
los trabajadores del centro, recordando que éste ha sido denunciado "en
diversas ocasiones" y "con diferentes resultados".
Al hilo, ha denunciado "esta situación y muchas otras similares en
lo cotidiano que traslada la dirección del centro a los trabajadores,
provocando situaciones violentas y de tensión", lamentando "la
inoperancia de esta dirección para poder dirigir un centro penitenciario como
Sevilla-I".
domingo, 7 de mayo de 2017
Interior reconoce por primera vez a los funcionarios de prisiones como autoridad en caso de agresión
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CSIF y UGT firman con Instituciones Penitenciarias un protocolo de actuación frente a los ataques en las cárceles, que también prevé un endurecimiento de sanciones disciplinarias
Nuevas agresiones en el C.P. Alicante II
Nuevas agresiones en el C.P. Alicante II
CSI·F califica los hechos de gravísimos y denuncia, una vez más, la masificación de un módulo con 133 internos, casi al doble de su capacidad, además del aumento constante de internos con problemas psiquiátricos que campan sin ningún control tanto en Villena como en todos los centros de España.
CSI·F califica los hechos de gravísimos y denuncia, una vez más, la masificación de un módulo con 133 internos, casi al doble de su capacidad, además del aumento constante de internos con problemas psiquiátricos que campan sin ningún control tanto en Villena como en todos los centros de España.
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