Ya pesaba sobre su marido una orden de alejamiento cuando Lucía (nombre ficticio), con un bebé de seis meses a su cargo, pidió el traslado de su puesto de trabajo -en la Administración- a otra ciudad. Lo hacía para alejarse del maltratador, y pretendía trasladarse a la ciudad donde vivían sus padres. De punta a punta de España.
Para sorpresa de Lucía, lo que la persona de recursos humanos le permitió fue un traslado provisional de tres meses. "Esta mujer vivía con la angustiade pensar que tenía que volver a su puesto de origen, donde estaba el hombre que la maltrataba", denuncian desde el CSIF, el sindicato mayoritario de la Administración. Consiguieron que Lucía se pudiera quedar en su nuevo destino, pero el suyo no es un caso aislado.
Las empleadas públicas víctimas de violencia machista se encuentran "desprotegidas", y así lo ha puesto de manifiesto el sindicato, tanto en la Subcomisión de Igualdad en el Congreso, como en la reunión con la Delegada del Gobierno de la Violencia de Género. En los dos momentos la propuesta del CSIF ha tenido "muy buena acogida", pero prefieren esperar a ver los resultados.
Fue en noviembre de 2015 cuando se aprobó y publicó en el BOE el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de esta violencia. No obstante, el sindicato ha detectado "fallos de seguridad" que es necesario resolver.
En este sentido, no ha existido ninguna campaña de sensibilización que haya sido fructífera sobre el tema. "Se repartieron unos dípticos, pero las personas de recursos humanos o no los conocen o no les han explicado qué protocolo hay que seguir", apuntan desde CSIF.
Además, a día de hoy no existe ningún dato oficial sobre cuántas mujeres víctimas de violencia de género trabajan para la Administración, y tampoco si, dentro de los traslados de mujeres, hay víctimas de esta violencia. El sindicato, por su parte, sí que cuenta con casos y testimonios de este tipo, pero no tiene una visión global.
EL PROTOCOLO, SOLO SI HAY DENUNCIA
Otro de los fallos que el CSIF detecta en el protocolo es que la única manera de ponerlo en marcha es que exista bien una orden de alejamiento, bien un informe del Ministerio Fiscal. "Hay muchísimos casos de víctimas que no denuncian, pero que sus compañeros empleados sí conocen", explica la Secretaria de Igualdad del sindicato, María Ángeles Mur, a este periódico.
Lo que hay que hacer es moverla porque la pueden matar
Así, apuntan a casos en los que se retira la denuncia o no se da el paso, pero que el entorno de la víctima puede acreditar. El "desconocimiento y la falta de sensibilidad" reinan cuando la mujer pide un traslado. "Es necesario ponerse en su piel, lo que hay que hacer es moverla porque la pueden matar", zanja Mur.
MISMAS CONDICIONES, DISTINTO DESTINO
El sindicato denuncia, por ello, un déficit de formación y sensibilizaciónde los departamentos de personal en materia de violencia de género, ya que en muchos casos no se entiende la urgencia. "La respuesta debe ser inmediata, un mes para una mujer con este problema es mucho tiempo", indican.
Además, tampoco se garantiza la confidencialidad de la víctima, dado que sus datos personales "se dispersan" en multitud de trámites y documentos físicos. Y la Administración no permite hacer estos trámites por vía telemática, algo que también dificulta la libertad y la privacidad de la mujer maltratada, que tiene que acudir a determinadas oficinas.
Una vez que se ha hecho efectivo el traslado, la Administración no puede olvidar la situación de la víctima, por lo que "tiene que verificar" que no ha perdido retribución, sigue teniendo derecho a promoción interna y, por supuesto, que no carga con el estigma de ser víctima de violencia de género.
Mantener las mismas condiciones en su nuevo puesto de trabajo, su "tabla de salvamento", es básico para su autonomía y su independencia. El empleo es "la clave" para el ejercicio de la libertad de las mujeres, por eso es necesario la creación de "redes e integración y normalización" de su vida.
"Es muy importante que intervenga la Administración", apunta Mur. El sindicato espera que, más pronto que tarde, el Gobierno revise el protocolo y corrija las deficiencias que presenta. "No puede haber ninguna mujer desprotegida", insiste.