Sevilla.- Tribunales.- Un
juez investiga una denuncia contra el director de Sevilla-I por 'mobbing' a un
funcionario
SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
El coordinador de Prisiones
de CSIF en Sevilla, Claudio Esteban, ha anunciado este lunes que un juez de
Sevilla ha admitido la denuncia por acoso
laboral interpuesta por un funcionario de la cárcel de Sevilla-I contra el
director de la prisión, Jesús Miguel Garrido, y el subdirector de Tratamiento,
Joaquín Sánchez, ya que supuestamente le habrían desalojado del despacho que
venía ocupando desde hacía más de 23 años y le habrían mantenido "durante
largo tiempo en el vacío de tareas".
Claudio Esteban ha indicado
que, "una vez más, este director es investigado, por orden del Juzgado,
por la Policía Judicial por, posiblemente, cometer delito, además de pedirle
explicaciones a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias sobre el
comportamiento del mismo".
En un auto, al que ha
tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla relata
que el afectado, miembro del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones
Penitenciarias destinado en Sevilla-I, denunció a ambos porque "desde la
fecha de toma de posesión del director (primavera de 2014) le han mantenido
durante largo tiempo en el vacío de tareas" y "le desalojaron desde
el principio del despacho".
Todo ello, añade,
"para alojarlo en un despacho inadecuado, semi-almacén o 'cuarto de
trastos'", mientras que también "le han discriminado conscientemente
respecto de compañeros funcionarios de idéntica categoría profesional, han
desoído sus propuestas alternativas para su ubicación en el centro, han
entorpecido su desenvolvimiento cotidiano, han falseado la realidad ante la
actuación" de la Inspección de Trabajo y, a raíz de esta, "han
actuado para desprestigiar tanto su posición" en la prisión como las
conclusiones de la Inspección.
El juez pone de manifiesto
que "las irregularidades y trato discriminatorio" expuestos en la
denuncia "fueron denunciadas" ante dicho Servicio de Inspección, que
visitó la cárcel y emitió un informe "en el que corroboró la realidad de
un trato inadecuado y exento de objetividad por parte" del director y el
subdirector de la prisión "determinante de un daño psíquico" en el
afectado.
Al hilo de ello, el
magistrado explica que, dentro de los delitos de torturas y contra la
integridad moral, "se incrimina la conducta de acoso laboral",
estableciéndose que "se castigarán los actos hostiles o humillantes
reiterados dentro de cualquier relación laboral o funcionarial que,
prevaliéndose de una relación de superioridad, pero sin constituir un trato
degradante del primer párrafo del artículo 173.1 del Código Penal, supongan un
grave acoso para la víctima".
"Podemos entender por
acoso laboral (mobbing) el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de
cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre,
imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad", precisa el
instructor.
En este sentido, el juez
añade que, "en el ámbito del derecho sancionador, el acoso moral, en un
caso como el contemplado de relación jurídico-pública, podría encajar bien en
una responsabilidad administrativa (infracción susceptible de generar
responsabilidad disciplinaria y, en su caso, consecuencias en el ámbito de
responsabilidad patrimonial de la Administración pública por trato moralmente
lesivo a sus funcionarios) o bien, cuando la situación de acoso revista gravedad,
en la actuación del Derecho Penal".
"Precisamente esta
jerarquía de derecho residual, trasunto del principio de intervención mínima,
determinará que la tónica general sea resolver los problemas en el ámbito
laboral conforme a la legislación del Derecho del trabajo o a la normativa
específica relativa a los funcionarios públicos, y sólo en los supuestos en que
dicha vía no abarque el desvalor de hechos graves, acudamos al ordenamiento
penal", pone de manifiesto.
El juez, en el auto, libra
oficio a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que informe
al Juzgado de las medidas adoptadas a raíz del requerimiento realizado por la
Inspección de Trabajo "tendentes a corregir las situaciones contrastadas
en el informe" emitido el 9 de febrero de 2015 tras la visita inspectora a
la cárcel en relación al denunciante.
Asimismo, pide a la Policía
Judicial que, "previas las investigaciones oportunas, informe al Juzgado
de la realidad y entidad de los hechos denunciados y si, tras la visita de la
Inspección de Trabajo, se han adoptado a nivel interno medidas tendentes a
corregir las irregularidades puestas de manifiesto en el informe" de la
Inspección.
Desde CSIF, Claudio Esteban
ha reclamado la atención de la Secretaría General sobre este director que,
"habituado a saltarse las normas, mantiene a la plantilla en continua
tensión, sintiéndose perseguida".