Funcionarios de la prisión Sevilla 1 lanzan un SOS por el aumento de presos
Denuncian la excesiva presión que ejerce la dirección sobre ellos tras la pérdida de plantilla durante la crisis
Los sindicatos de la prisión Sevilla 1 han estallado este martes tras meses de tira y afloja con la dirección del centro penitenciario. De manera conjunta CC OO, UGT, APFP y CSIF -todos menos Acait- han redactado una carta que han enviado al propio subdelegado del Gobierno en la provincia, Ricardo Gil-Toresano, en la que acusan al responsable de la cárcel, Jesús Miguel Garrido Cordero, de cometer una serie de irregularidades que afectan a la propia seguridad de los funcionarios. Una de ellas es mantener un elevado número de internos para las características de las instalaciones.
El coordinador de Prisiones de CSIF en Sevilla, Claudio Esteban, explica que su organización ha firmado el documento porque la situación «es insoportable». Se refiere tanto a las condiciones laborales como a la carga de trabajo que soportan dada la pérdida de plantilla que vienen soportando. «Actualmente hay algo más de 1.300 presos, que no es nuestro número más alto, pero con menos trabajadores la presión es como la de entonces», asegura. Este portavoz sindical se refiere a los años previos a la construcción de la prisión de Morón de la Frontera, en 2008, cuando Sevilla 1 llegó a superar los 1.800 reclusos.
Esteban calcula que desde 2010 se habrá perdido el 10% de la plantilla y la edad media de los que continúan ha crecido de manera considerable. La prisión cuenta con 778 celdas ordinarias y 117 complementarias, pero según ha avanzado el coordinador de CSIF, «se lleva a cabo una mala organización de los espacios, porque se crean módulos dobles para internos de respeto y se acumulan más presos en zonas con menos seguridad». Igualmente lamenta la «mala gestión» de las tareas que contribuye, a su juicio, a agravar la situación.
Los desencuentros entre el director de la prisión y los trabajadores no son nuevos. Ya en 2015 tuvo que sentarse en el banquillo por una denuncia de acoso laboral que interpuso un funcionario y ha sido objetivo de varios recursos de alzada que ha presentado el sindicato CSIF entre otras cosas por el sistema de guardias que considera «abusivo».
El Juzgado de lo Penal número 5 de
Córdoba ha condenado a penas de entre seis meses y dos años y diez meses de
cárcel a siete presos, de entre unos 47 y 34 años, acusados de delitos de
atentado a la autoridad con agravante de reincidencia en dos casos, delitos
de desórdenes públicos y daños, tras supuestamente atentar contra
funcionarios de prisiones y herirlos en un motín en el Centro Penitenciario
de Alcolea en 2007.
Según recoge la sentencia, a la
que ha tenido acceso Europa Press, el día 30 de octubre de 2007 los siete
presos se encontraban internos todos en calidad de penados en el Módulo 12
del Centro Penitenciario de Córdoba y sobre las 9,15 horas, uno de ellos,
aprovechando la apertura de los rastrillos del módulo, “decidió salirse al
patio sin autorización; siendo requerido para su entrada por los funcionarios
del centro”.
Al respecto, el procesado obedeció
inicialmente la orden, aunque a uno de los funcionarios presuntamente le dijo
que “veía menos que un burro”, para acto seguido comenzar a “propinar patadas
a la puerta del segundo rastrillo de acceso al módulo”, lo que provocó que
fuera requerido por cuatro funcionarios para ser cacheado dada su actitud.
Dentro de la sala, el acusado,
tras decirle a los funcionarios que “no tenían huevos de cachearle”, trató de
salir corriendo del módulo, siendo sujetado por funcionarios mientras
“lanzaba patadas” que alcanzaron a dos funcionarios, “llegando a intentar
morder en la mano a uno de ellos hasta ser finalmente reducido”.
Posteriormente, comprobaron que el acusado escondía entre sus ropas “un
pincho de metacrilato”.
Como consecuencia de estos hechos,
un funcionario sufrió lesiones en la mano derecha, al tiempo que otro resultó
con lesiones leves, habiendo renunciado ambos en el acto del plenario a
reclamar indemnización por las lesiones. Si bien, ante tal actuación, los
funcionarios decidieron su ingreso en el módulo de aislamiento del Módulo 15.
Durante su traslado, el procesado
supuestamente trató de conseguir el apoyo de otros internos, diciendo a
gritos que le ayudaran que iban a “matar a esos cabrones, que estaban
esperando para ir contra ellos”. El acusado consiguió que parte de los
internos del módulo “comenzaran a patear las puertas del rastrillo, gritando
a los funcionarios diciéndoles que les abrieran las puertas si tenían huevos”
y “que fueran a por ellos si eran capaces”.
EL ALBOROTO
Así, el alboroto dentro del módulo
fue alentado y dirigido por otro de los acusados, quién consiguió
inicialmente el apoyo de una parte importante de los internos del módulo.
Éste propuso al grupo que “prendieran fuego a todo el módulo”, de modo que
los funcionarios trataron en ese momento de calmar al encartado, quién
insistía una y otra vez en su postura considerando que debían devolver al
primer procesado al módulo, hasta que “en un momento dado decidió sacar un
pincho que portaba, con el que amenazó con clavárselo al jefe de servicios”.
De este modo, los funcionarios
hubieron de replegarse al búnker al encontrarse “rodeados”, desde donde se
cursó las órdenes a los internos para el recuento. La orden, según la juez,
fue “desobedecida”, procediendo parte del grupo de internos, entre ellos
otros tres acusados, estando siempre al frente de la revuelta el segundo
procesado, saliéndose los internos al patio y comenzaron a “lanzar y
destrozar mobiliario del módulo y a tratar de romper los cristales del
búnker”.
Según se relata en la resolución
judicial, el grupo se dirigió al gimnasio para conseguir barras de hierro con
las que continuar su acción, “destrozando cristales del comedor y del búnker
y causando daños valorados en 2.961 euros”.
Ante la aparición de otros
funcionarios de refuerzo, los internos fueron replegándose hacia sus celdas,
quedándose en el lugar el presunto instigador, que portaba en ese momento
entre sus manos “una barra de hierro” y en la otra “un pincho”, al tiempo que
presuntamente retó a los funcionarios con que se acercaran a él, permaneciendo
junto a él otro de los procesados.
De este modo, la magistrada
explica que supuestamente comenzó a lanzar puñaladas hacia el subdirector del
centro, “estando cerca de darle en un ojo, hasta que finalmente fue
reducido”, al igual que “daba patadas a otros funcionarios”. Como
consecuencia de ello, el subdirector sufrió lesiones en la mano izquierda,
mientras que otro funcionario, que participó en las labores de contención del
altercado, sufrió lesiones en su mano izquierda.
“SACÓ UN PINCHO”
Posteriormente, cuando se procedió
al cacheo personal del presunto instigador por un funcionario, éste observó
“una maniobra extraña, viendo como el acusado sacó un pincho con el que se
dirigió contra él hacia el cuello”, aunque logró evitar que le alcanzara en
esa zona, aunque sí le alcanzó en el hombro izquierdo. En el incidente
también resultó agredido otro funcionario, aunque no consta que tuviera
lesiones.
Una vez terminado el incidente
anteriormente relatado, otro de los procesados fue requerido para un cacheo
personal con detector de metales. Al negarse a hacerlo se le ordenó que se
apoyara con las manos en la pared, “teniendo que ser puesto por la fuerza”,
según indica la juez, quien explica que “al encontrársele una cuchilla de
afeitar entre los dedos, el encartado forcejeó dándole un empujón al
funcionario, sin que conste que le causa lesión alguna”.
Al oír lo que estaba sucediendo,
el hermano del presunto incitador “se unió a la revuelta con una barra que
había cogido del gimnasio y lanzó repetidos golpes contra la cristalera de
seguridad de la oficina de los funcionarios, rompiendo tres paneles y
gritando a la vez y en presencia de otros internos”. No obstante, los
funcionarios lograron que depusiera su actitud. Los daños causados en el
módulo han sido valorados en 1.128 euros.
Asimismo, otro de los acusados
cuando ingresó en el módulo de aislamiento supuestamente agredió “dando
patadas a dos funcionarios, teniendo que ser reducido por estos funcionarios
utilizando la fuerza imprescindible”. Ambos sufrieron lesiones leves y
tuvieron que ser reconocidos por el médico forense, al tiempo que en el acto
del plenario reclamaron indemnización por las lesiones sufridas.
DILACIÓN EN LA TRAMITACIÓN
Entretanto, la magistrada señala
en la sentencia que “se ha producido una dilación en la tramitación de la
causa por motivos ajenos a la voluntad de los acusados, que ha dado lugar a
que tarde casi diez años la celebración del juicio”.
Mientras, apunta que el presunto
instigador ha sido condenado por delito de atentado en sentencias de
septiembre de 2000 y diciembre del mismo año, dejando extinguida su condena
en el primero de los casos en diciembre de 2012 y en el segundo en septiembre
de 2009. Y el primero de los procesados ha sido condenado por delito de
atentado a la pena de un año de prisión en abril de 2006.
CSIFvalora positivamente la oferta de empleo pública "histórica" planteada por el Gobierno
No obstante, CSIF cree que esta oferta de empleo público "histórica" deberá permitir que se presenten la totalidad de las personas (entre 200.000 o 250.000, según estimaciones de CSIF) que llevan trabajando como interinos durante varios años consecutivos.
Asimismo, considera que la oferta también debe limitar la tasa de reposición, para que se realicen contrataciones por encima de las jubilaciones.
Según ha afirmado CSIF, Hacienda y los principales sindicatos se reunirán la próxima semana para plasmar esta propuesta en cifras.
Por otro lado, CSIF ha señalado que está "intensificando" la interlocución para que la Administración revise las retribuciones con la estructura salarial previa a la bajada del sueldo del 5% que se produjo en 2010 y para que se eliminen los descuentos a la nómina por baja médica
El CSIF denuncia la agresión de un interno a cuatro funcionario
El CSIF ha denunciado la agresión de un interno clasificado en primer grado a cuatro funcionarios. Según una nota de dicho sindicato, los hechos ocurrieron el sábado 11 de marzo a las 11:30 horas en el Departamento de Enfermería cuando el interno se encontraba en su celda.
Según el comunicado, el preso en cuestión llamó a los funcionarios por el interfono indicándoles que subieran a por él, que estaba preparado y «esperándolos para llevarse a quién pueda por delante».
Ante el estado de alteración del preso, los funcionarios subieron a la celda y observaron que el interno había tirado todas sus pertenencias al suelo y había colocado el colchón y la almohada cerca de la puerta a modo de trinchera.
Inmediatamente, los funcionarios dieron el aviso al jefe de servicios, que acudió con funcionarios de otros módulos. Al acercarse, el interno lanzó el televisor y empezó a propinar patadas y puñetazos. Finalmente y tras la paliza, consiguieron reducirlo.
Los funcionarios tuvieron que ser atendidos en la Enfermería del Centro Penitenciario de diversas lesiones como eritemas en cuellos y piernas, edema en pabellón auricular y tibia, cuatro erosiones con pérdida de epidermis en edema en cara interna tibial, erosión en la rótula de pierna derecha y herida en la parte izquierda de la nariz, sangrando profusamente.
Dos de ellos fueron derivados a los servicios de urgencias del hospital correspondiente
SOLICITA se sirva informar a esta Organización Sindical la fecha en la que ha recibido para su aprobación por la Dirección General de la Función Pública los términos y bases del reseñado concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de niveles 15-22 en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como si se ha devuelto con la aprobación por parte de esa Dirección General o si, por el contrato, se ha devuelto indicando las cuestiones a subsanar.
CONTINÚAN LAS AGRESIONES A TRABAJADORES DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Ayer, día 8 de marzo, fueron agredidos cuatro funcionarios del
centro penitenciario de Valdemoro cuando, sobre las 12 horas, acuden a mediar en una pelea entre dos internos, uno de los cuales debía estar en el Módulo de aislamiento por su clasificación, pero no lo estaba.
Como consecuencia de la agresión, uno de los funcionarios,tras ser atendido por el personal sanitario, es remitido a un centro hospitalario, donde es dado de alta posteriormente.
El resto de los implicados, presentan sólo contusiones leves.
Desde!el!Sindicato!CSIF condenamos la agresión a los funcionarios, hechos que desgraciadamente tenemos que sufrir! un día sí y otro!
también.Instamos a la Administración Penitenciaria para que de una vez por todas ponga en marcha el Protocolo Específico para Prevenir Agresiones a los Trabajadores de Prisiones, y felicitamos a los funcionarios por su actuación.
Una vez más se juegan el tipo para garantizar el correcto funcionamiento de los Centros Penitenciarios, independientemente del desamparo al que son sometidos por parte de la Administración!Penitenciaria.
CSIF,
sindicato mayoritario en la Administración , y Claudio Esteban en
su nombre como Coordinador del Área de Prisiones en Sevilla,
denuncia una nueva agresión a un funcionario en el desempeño de sus funciones;
sobre las 11,20 h. por el preso J.M.G.G. , lesionando de pronóstico reservado
al funcionario; que fue atendido por los Servicios Médicos de la prisión
derivándolo a urgencias del hospital.
CSIF denuncia las condiciones laborales y falta de medios físicos y humanos; de
los que es responsable en primera instancia la Dirección del Centro.
Desde CSIF queremos hacer hincapié en la importante disminución de la
plantilla, más del 10 % , y por ende el aumento de edad de la misma.
Recordando que en los últimos 10 años hemos sufrido más de 2.000 agresiones,
reconocida la cifra por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
Habiendo solicitado, por parte de CSIF , y de manera expresa, incluir a los
trabajadores de prisiones en el Protocolo frente a la violencia en el trabajo
en AGE. ( Administración General del Estado
)
