Los presos que agredan a un funcionario de
prisiones sumarán hasta 4 años de cárcel, gracias a CSIF
En
los últimos seis años se han registrado más de 2.200 agresiones en centros
penitenciarios
Los presos que agredan a un funcionario de prisiones se
enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, en virtud de
una proposición para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria,
registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
reconoce a este colectivo la condición de agentes de la autoridad, de manera
similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Esta iniciativa, ha sido promovida por la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el
ámbito de la Administración General del Estado, y da continuidad al protocolo
ratificado en mayo de 2017.
CSIF ya consiguió un protocolo
en el ámbito de la Administración General del Estado (además de uno específico
para las oficinas de empleo). Pues bien, nuestras denuncias por los episodios
de violencia en las cárceles y el déficit en medios personales y materiales han
dado fruto: primero conseguimos el protocolo en las prisiones y ahora contará
con un desarrollo normativo a través una iniciativa promovida por el partido
del Gobierno en el Congreso.
La
principal novedad de este documento es la voluntad del Gobierno de reforzar y
proteger específicamente el ámbito de autoridad que ejercen los funcionarios de
los Cuerpos Penitenciarios. Así, se les reconocerá de manera expresa la
condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código
Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docenes, que conllevan hasta
cuatro años de cárcel.
