Los presos que agredan a un funcionario de prisiones sumarán hasta 4 años de cárcel, gracias a CSIF

En los últimos seis años se han registrado más de 2.200 agresiones en centros penitenciarios

Los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, en virtud de una proposición para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria, registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se reconoce a este colectivo la condición de agentes de la autoridad, de manera similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta iniciativa, ha sido promovida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el ámbito de la Administración General del Estado, y da continuidad al protocolo ratificado en mayo de 2017.

CSIF ya consiguió un protocolo en el ámbito de la Administración General del Estado (además de uno específico para las oficinas de empleo). Pues bien, nuestras denuncias por los episodios de violencia en las cárceles y el déficit en medios personales y materiales han dado fruto: primero conseguimos el protocolo en las prisiones y ahora contará con un desarrollo normativo a través una iniciativa promovida por el partido del Gobierno en el Congreso.

La principal novedad de este documento es la voluntad del Gobierno de reforzar y proteger específicamente el ámbito de autoridad que ejercen los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios. Así, se les reconocerá de manera expresa la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docenes, que conllevan hasta cuatro años de cárcel.