jueves, 29 de junio de 2017
jueves, 8 de junio de 2017
CSIF exige soluciones ante el "grave" problema de la falta de enfermeros en la cárcel de Sevilla-I
Sevilla.- CSIF exige soluciones ante el "grave" problema
de la falta de enfermeros en la cárcel de Sevilla-I
Los médicos de la prisión advierten de que se está poniendo
"en grave riesgo" la vida de los internos
SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
El coordinador de Prisiones de CSIF en Sevilla,
Claudio Esteban, ha reclamado soluciones a la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias ante el "grave" problema que supone la
falta de enfermeros en la cárcel de Sevilla-I, lo que "pone en grave
riesgo la asistencia sanitaria de los internos".
En un escrito elevado a la subdirectora general de
Recursos Humanos, al que ha tenido acceso Europa Press, el dirigente sindical
advierte de que exigirá responsabilidades en el caso de que no se solucione
esta problemática "que tan grave perjuicio causa" en la asistencia sanitaria
de los internos de la prisión.
De su lado, el colectivo de médicos de la cárcel, en
un escrito consultado por Europa Press, han advertido a la dirección de que,
ante la problemática existente desde el día 31 de mayo por la
"ausencia" de personal de enfermería, "no se puede llevar a cabo
la correcta asistencia sanitaria a la población penitenciaria".
Pues bien, el coordinador de Prisiones de CSIF en
Sevilla señala en su escrito que la situación del colectivo de enfermeros en
Sevilla-I se encuentra sujeta "a circunstancias de carácter excepcional y
sobrevenidas" que "ponen en grave riesgo la asistencia sanitaria de
los internos".
Al hilo, asevera que "el problema es tan
grave" que este jueves "no se encontraba prestando servicio ningún enfermero
del centro", de forma que la subdirectora general de Recursos Humanos
"se ha visto obligada a ordenar" que sea un enfermero del Hospital
Psiquiátrico-Penitenciario quien atienda "provisionalmente" las
necesidades asistenciales básicas de los reclusos.
Claudio Esteban considera que esta situación
"debería haber sido prevista y controlada" por dicha Subdirección
General, ya que los trabajadores y la dirección del centro "han estado
informando reiteradamente tanto a Recursos Humanos como a Sanidad Penitenciaria
de la situación crítica" en que se encontraba la asistencia de enfermería
a los internos.
Además, "lo hicieron con antelación suficiente
para que su departamento reaccionara, y así evitar encontrarse ante un problema
de falta de personal y no poder atender con garantías el trabajo que tienen
asignado", asevera el responsable sindical, que agrega que los
trabajadores del centro "hubieran apreciado que alguien con capacidad de
decisión hubiera comprobado 'in situ' en qué estado se presta el servicio de
enfermería" en Sevilla-I.
"En CSIF conocemos las preocupaciones de estos
compañeros, sabemos que se han visto abocados a presentar una demanda por acoso
laboral contra dos miembros del equipo directivo del centro, que el año pasado
tuvieron que anularse vacaciones reglamentarias en el periodo estival y que se
rozó el abuso del 'necesidades del servicio' en la adjudicación de turnos de
trabajo", manifiesta Claudio Esteban.
MANTENER SIETE ENFERMEROS
Así, asegura que se le propusieron distintas
soluciones a la Subdirección General de Recursos Humanos, "pero ha dado la
impresión de que esta plantilla no se merece nada y que no ha sido
escuchada", ya que "hubiera bastado que desde la Inspección, desde la
Subdirección General o desde la Coordinación Sanitaria alguien se hubiera
comprometido en ir a Sevilla para hablar, sentarse con ellos y escuchar sus
preocupaciones".
Claudio Esteban ve "sorprendente" que
"ni siquiera se planteara que dos enfermeros destinados desde Lanzarote a
Sevilla fueran destinados a este centro y, en vez de eso, se adscriben al
Hospital Psiquiátrico, en ese momento con menores carencias", lo que
supone "una falta de aprecio" a los sanitarios de Sevilla-I.
En este punto, considera que, "para que se pueda
dar una asistencia sanitaria correcta y se pueda soportar una carga de trabajo
adecuada", y teniendo en cuenta que la infraestructura de edificios del
centro hace necesaria la presencia de dos enfermeros en cada turno de guardia
los sábados y festivos, la solución pasa por mantener un mínimo de siete
enfermeros en plantilla "activa/real".
Asimismo, Claudio Esteban pide mantener un diálogo
"desde el respeto y en aras de una dignificación profesional", a lo
que se suma que "debe de estar perfectamente clara y definida la
adscripción 'temporal y extraordinaria'" del enfermero del Hospital
Psiquiátrico en cuanto a horario y funciones.
"Desde CSIF mostramos nuestro apoyo total a
estos compañeros y haremos lo posible porque estas dos circunstancias se den
con carácter inmediato", concluye el coordinador de Prisiones de CSIF en
Sevilla.
"CRISIS"
Por su parte, los facultativos de Sevilla-I señalan
en su escrito que "se está menoscabando" la asistencia sanitaria de
urgencias, "poniendo en grave riesgo la vida de los internos" e
incumplimiento con ello la Administración penitenciaria "una de sus
obligaciones fundamentales" recogida en la Ley General Penitenciaria, como
es "velar por la seguridad y la vida de los internos bajo su tutela".
Igualmente, critican que "se está demorando toda
la actividad derivada de la consulta de enfermería", tales como
extracciones sanguíneas o curas programadas, "con el consiguiente
deterioro de la calidad asistencial prestada", ya que "algunos de los
internos aquejados de patologías crónica y grave precisan controles sanitarios
continuados".
Asimismo, los médicos de Sevilla-I informan de que,
"en muchas ocasiones, los facultativos y auxiliares de enfermería" se
ven abocados "a cometer intrusismo ante la ausencia de enfermeros, con el
riesgo consiguiente del cuidado de los internos y vulneración" de sus
derechos.
Para finalizar, aseveran que el equipo sanitario está
compuesto por facultativos, enfermeros y auxiliares de enfermería a fin de
"llevar a cabo una correcta prestación y cuidado sanitarios", de
manera que "la ausencia de uno de ellos supone una situación de crisis que
debe resolverse a la mayor prontitud".
jueves, 1 de junio de 2017
CSIF SE CONGRATULA DE LA MARCHA DEL DIRECTOR DE SEVILLA 1
Sevilla.- CSIF se congratula de la próxima marcha del
director de la cárcel de Sevilla-I, el "más denunciado" en los
juzgados de la historia
SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
El coordinador de Prisiones de CSIF en Sevilla,
Claudio Esteban, se ha congratulado este jueves de la próxima
"marcha" del director de la cárcel de Sevilla-I, Jesús Miguel
Garrido, "el más denunciado en los juzgados y en la Administración de la
historia de Sevilla".
En declaraciones a Europa Press, Claudio
Esteban ha informado de que el actual director de la cárcel de Sevilla-I
"será cesado entre hoy y mañana viernes y será sustituido" por el
actual responsable de la prisión de Topas (Salamanca), José Luis Castejón, que
fue subdirector de Seguridad en la cárcel de Morón de la Frontera.
El responsable sindical ha dicho que la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias llevará a cabo el relevo en
la dirección de la prisión sin haber resuelto el recurso de alzada presentado
contra una orden "ilegal manifiestamente hecha" por el actual
responsable de Sevilla-I.
En este recurso de alzada, Claudio Esteban
solicita al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste,
que anule la orden dictada por el director de la cárcel de Sevilla-I por la que
se establece que cada celda esté ocupada "preferentemente" por dos
internos.
El dirigente sindical ha añadido, asimismo, que
el nuevo director de Sevilla-I se encontrará con "distintos graves
problemas" a su llegada, como por ejemplo la existencia de un sólo
enfermero de servicio.
"ABUSOS"
En este sentido, Claudio Esteban ha precisado
que a partir de este jueves al mediodía, cuando el enfermero llevará ya
"casi tres días de servicio continuo", ya no habrá enfermero en la
prisión, "quedándose sólo el médico", lo que ha tachado como
"uno más de los abusos" cometidos por el director de Sevilla-I,
"que irá destinado a la cárcel de Teixeiro", en La Coruña.
Al hilo, ha aseverado que Jesús Miguel Garrido
"solicitó no ir a Teixeiro y ser destinado a la Secretaría General",
algo a lo que ésta "no ha accedido".
Para finalizar, ha informado de que, el próximo
domingo, se ha convocado "una Fiesta de la Primavera" en la Plaza del
Salvador de la capital hispalense "para despedir" al director de
Sevilla-I "debido a la alegría manifiesta que existe entre los
trabajadores del centro por su marcha".
lunes, 29 de mayo de 2017
Presos que agredan a un funcionario sumarán pena de hasta 4 años de cárcel Posted: 29 May 2017 12:00 PM PDT Madrid, 29 may (EFE).- Los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, como ya sucede si la víctima de una agresión en el ámbito laboral es un sanitario o un profesor, pues la última reforma del Código Penal les reconoció como autoridad pública. Esta es la principal novedad del protocolo contra las agresiones a funcionarios de Instituciones Penitenciarias que, según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado, se pondrá en marcha mañana tras ser ratificado por la Mesa General de la Administración General del Estado. El protocolo contempla la creación de un registro específico de agresiones, la elaboración de un plan de formación para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, así como medidas de apoyo jurídico y psicológico a los empleados públicos penitenciarios que sufran una agresión. La principal novedad, según avanza la CSIF, es que los funcionarios de prisiones tendrán en el Código Penal la misma consideración de la que gozan sanitarios y docentes, lo que conlleva un agravamiento de las penas por agredirles cuando se encuentren en el desempeño de sus funciones. Es decir, contempla el endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias cuando, como consecuencia de actos violentos ejercidos contra los funcionarios, estos sufrieran un quebranto significativo en su salud o en su integridad. La CSIF ha recordado que, actualmente, prestan servicio en Instituciones Penitenciarias más de 23.000 empleados públicos, 900 menos que hace tres años, entre personal funcionario y laboral, 15.000 de ellos dedicados a tareas propias de vigilancia, incluido garantizar el orden y la seguridad interior de los centros penitenciarios. Y ha detallado que en los diez últimos años se han registrado más de 2.000 agresiones a funcionarios en centros penitenciarios. Precisamente, el sindicato de prisiones ACAIP ha denunciado hoy que un preso “muy violento”, con antecedentes por hechos similares, agredió a varios funcionarios en la enfermería de la cárcel de Valdemoro, que, según denuncia, no está preparada para presos peligrosos o violentos. EFE
Posted: 29 May 2017 12:00 PM PDT
Madrid, 29 may (EFE).- Los presos
que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional
de hasta cuatro años de cárcel, como ya sucede si la víctima de una agresión en
el ámbito laboral es un sanitario o un profesor, pues la última reforma del
Código Penal les reconoció como autoridad pública.
Esta es la principal novedad del
protocolo contra las agresiones a funcionarios de Instituciones Penitenciarias
que, según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
en un comunicado, se pondrá en marcha mañana tras ser ratificado por la Mesa
General de la Administración General del Estado.
El protocolo contempla la creación
de un registro específico de agresiones, la elaboración de un plan de formación
para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, así como medidas de
apoyo jurídico y psicológico a los empleados públicos penitenciarios que sufran
una agresión.
La principal novedad, según avanza
la CSIF, es que los funcionarios de prisiones tendrán en el Código Penal la
misma consideración de la que gozan sanitarios y docentes, lo que conlleva un
agravamiento de las penas por agredirles cuando se encuentren en el desempeño
de sus funciones.
Es decir, contempla el
endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias cuando, como consecuencia de
actos violentos ejercidos contra los funcionarios, estos sufrieran un quebranto
significativo en su salud o en su integridad.
La CSIF ha recordado que,
actualmente, prestan servicio en Instituciones Penitenciarias más de 23.000
empleados públicos, 900 menos que hace tres años, entre personal funcionario y
laboral, 15.000 de ellos dedicados a tareas propias de vigilancia, incluido
garantizar el orden y la seguridad interior de los centros penitenciarios.
Y ha detallado que en los diez
últimos años se han registrado más de 2.000 agresiones a funcionarios en
centros penitenciarios.
lunes, 22 de mayo de 2017
CSIF CRITICA EL "TRATO LACERANTE" DEL DIRECTOR A LOS TRABAJADORES
SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el archivo de la
denuncia de un funcionario de la cárcel de Sevilla-I contra el director de la
prisión, Jesús Miguel Garrido, y el subdirector de Tratamiento, después de que
supuestamente le hubieran desalojado del despacho que ocupaba desde hacía 23
años, manteniéndolo "durante largo tiempo en el vacío de tareas",
aunque el tribunal resalta que los denunciados tuvieron un trato
"inadecuado" y "discriminatorio" hacia el trabajador.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de
la Audiencia rechaza el recurso presentado por el trabajador contra la decisión
del juez de Instrucción número 4 de archivar la causa, ya que considera que se
trataron de hechos "puntuales" que "no permiten apreciar la
existencia de indicios racionales" de la comisión de un delito de acoso
laboral.
El tribunal considera que "no ha quedado constatada la vinculación
que la denuncia hace a un supuesto vaciamiento deliberado de funciones"
por parte del director del centro "en connivencia con el otro denunciado,
lo que habría provocado el ostracismo total del apelante", de todo lo cual
"sería colofón su salida del despacho que ocupaba desde años atrás".
Al hilo de ello, la Audiencia manifiesta que, de la declaración que la
jurista de la cárcel prestó ante la Policía, "se desprende que el posible
conflicto de fijación de funciones del sociólogo de prisión venía de
antiguo", añadiendo que "hay que relativizar sobremanera la
afirmación del denunciante achacando al director denunciado que desde su
incorporación y a la fecha del desalojo del despacho le había 'mantenido por
largo tiempo en el vacío de tareas'".
A ello cabe unir que, "existiendo en Instituciones Penitenciarias un
protocolo de denuncia de acoso laboral, no lo activó, acudiendo directamente a
la denuncia penal", puesto que en su declaración policial, tras reconocer
que no provocó la aplicación de dicho protocolo, reconoció también que lo
"sustituyó por denuncia al secretario general de Instituciones
Penitenciarias a primeros de noviembre de 2015", esto es, "unos ocho
meses después de interponer la denuncia origen de este proceso".
Según asevera la Audiencia, "todo lo que se acaba de exponer quiere
decir que no ha quedado suficientemente acreditada esa conducta prolongada en
el tiempo que podría catalogarse como un supuesto de acoso vertical en ámbito
funcionarial en el que los denunciados se hubieren prevalido de una relación de
superioridad para con una actuación de efectos permanentes someter al
recurrente a un trato humillante, contrario a su dignidad".
Además, añade, "tampoco consta debidamente acreditado" por la
instrucción practicada que el "síndrome ansioso-depresivo reactivo a
problemática laboral", causa de la baja médica por incapacidad transitoria
del funcionario, "fuera buscada de propósito por los denunciados, ni que
fuera previsible para los mismos".
"El mero hecho de relacionarse el citado síndrome con
una'problemática laboral', que es lo único que resulta de la instrucción, es
insuficiente base para atribuir la comisión del delito de lesiones psicológicas
que se pretende", considera la Audiencia, que añade que "la misma
falta de suficiente acreditación es predicable del delito de prevaricación
administrativa que se dice cometido", una figura delictiva que "en
modo alguno puede sostenerse en una mera orden de traslado de despacho".
"Por las misma razones carece de fundamento que este tribunal de
alzada se pronuncie sobre la reubicación del apelante en el despacho que
originalmente ocupaba, solicitada como medida 'para el aseguramiento cautelar
de su integridad y salud'", sentencia la Audiencia en este auto consultado
por Europa Press.
El tribunal dice que, de la instrucción practicada, se desprende que, el
día 27 de noviembre de 2014, los dos denunciados se presentaron en el despacho
que el funcionario ocupaba desde hacía 23 años, entregándole una notificación
escrita, que éste debía firmar, para desalojar en término de un día dicho
despacho "aunque sin darle una nueva ubicación de destino en ese
momento".
Según agrega, de su nueva ubicación "se enteró al día
siguiente", cuando el subdirector de Tratamiento "se presentó
acompañado de un jefe de Servicios que le leyó un texto escrito que indicaba esa
nueva ubicación, del que no se le dio copia", todo ello mientras el
antiguo despacho del recurrente "estuvo vacío durante cerca de dos meses,
siendo ocupado posteriormente por una psicóloga", tal como testificó en
sede policial una funcionaria del centro penitenciario.
Ante la situación generada, el funcionario denunció los hechos ante la
Inspección de Trabajo, motivando ello que el 28 de enero de 2015 un inspector
se presentara en la cárcel y se entrevistara con los dos denunciados,
manifestándole el subdirector que los sociólogos del centro"dependían del
director", así como que la decisión del traslado del recurrente "la
tomó el director" y que su motivo fue "la optimización de
recursos".
INSPECCIÓN
DE TRABAJO
Posteriormente, dicho inspector se entrevistó con el director denunciado,
quien le expuso que los sociólogos "dependían jerárquicamente del
subdirector de Tratamiento, el otro denunciado", reflejando el informe del
inspector que, ante tal afirmación, el subdirector "reacciona y se origina
una discusión entre ambos sobre la cuestión".
El informe también refleja que el director "reconoció haber dado la
orden de desalojo por razones estructurales y funcionales y que cuando el
inspector le solicitó aclaración sobre tales razones no dio ninguna en
concreto".
Antes de entrevistarse con ambos denunciados, el inspector de Trabajo
acudió al despacho del funcionario, mientras que, entre ambas entrevistas,
dicho inspector visitó de nuevo junto con el subdirector el nuevo despacho del
trabajador, constando en el informe que "a miafirmación de que el trato
que se le está dispensando no es el más adecuado, teniendo en cuenta el estado
del despacho, dice que le extraña la presencia de botes y herramientas, que
parece que alguien las haya puesto adrede".
CSIF CRITICA EL "TRATO LACERANTE" DEL DIRECTOR A LOS
TRABAJADORES
La Audiencia concluye señalando que las condiciones de la nueva ubicación
del nuevo despacho del denunciante fueron corregidas tras la actuación de la
Inspección de Trabajo.
Tras conocer el auto de la Audiencia, el coordinador de Prisiones de CSIF
en Sevilla, Claudio Esteban, ha criticado en declaraciones a Europa Press
"el trato lacerante y casi continuo" del director de Sevilla-I hacia
los trabajadores del centro, recordando que éste ha sido denunciado "en
diversas ocasiones" y "con diferentes resultados".
Al hilo, ha denunciado "esta situación y muchas otras similares en
lo cotidiano que traslada la dirección del centro a los trabajadores,
provocando situaciones violentas y de tensión", lamentando "la
inoperancia de esta dirección para poder dirigir un centro penitenciario como
Sevilla-I".
domingo, 7 de mayo de 2017
Interior reconoce por primera vez a los funcionarios de prisiones como autoridad en caso de agresión
Interior reconoce por primera vez a los funcionarios de prisiones como autoridad en caso de agresión
CSIF y UGT firman con Instituciones Penitenciarias un protocolo de actuación frente a los ataques en las cárceles, que también prevé un endurecimiento de sanciones disciplinarias
Nuevas agresiones en el C.P. Alicante II
Nuevas agresiones en el C.P. Alicante II
CSI·F califica los hechos de gravísimos y denuncia, una vez más, la masificación de un módulo con 133 internos, casi al doble de su capacidad, además del aumento constante de internos con problemas psiquiátricos que campan sin ningún control tanto en Villena como en todos los centros de España.
CSI·F califica los hechos de gravísimos y denuncia, una vez más, la masificación de un módulo con 133 internos, casi al doble de su capacidad, además del aumento constante de internos con problemas psiquiátricos que campan sin ningún control tanto en Villena como en todos los centros de España.
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