Posted: 05 Apr 2017 11:24 PM PDT
El sindicato CSIF muestra su
satisfacción por haber logrado que los funcionarios de prisiones en el
ejercicio de sus funciones serán reconocidos por primera vez como autoridad
pública en el nuevo Protocolo de Actuación contra Agresiones en los Centros
Penitenciarios, recientemente firmado por el CSIF con la Administración
Penitenciara y tras un largo proceso negociador que ha durado más de un año.
Para CSIF, este protocolo adquiere
suma importancia para los funcionarios de las prisiones de Herrera de La Mancha
y Alcázar, en Ciudad Real, de Castilla-La Mancha y de toda España, que ven
reforzados sus derechos y condiciones de trabajo con una nueva catalogación de
infracciones disciplinarias, que incluye un endurecimiento de algunas sanciones
disciplinarias en los casos de agresiones que tengan como consecuencia un
quebranto importante de la salud del funcionario agredido.
Entre las nuevas medidas hay que
destacar que los funcionarios de prisiones serán identificados con un número de
registro profesional en los procesos administrativos y judiciales, lo que
garantiza su anonimato y se han incluido, dentro del concepto “agresión”, las
agresiones verbales como coacciones, injurias, calumnias y amenazas.
Se ha profundizado en la
participación de las organizaciones sindicales y de los delegados de prevención
en el conocimiento y análisis de las agresiones a los empleados públicos, a
cuyo efecto se ha creado una Comisión Paritaria de Seguimiento, que se reunirá
trimestralmente.
Se han concretado medidas de apoyo
psicológico, sin límites de sesiones hasta una total recuperación; de
asistencia jurídica, con la obligación de remitir la dirección del centro la
denuncia de la agresión a la autoridad judicial, más la suscripción de una
póliza de seguro de accidentes, póliza de seguro de responsabilidad civil y la
implementación de comisiones de servicio para los empleados públicos víctimas
de agresiones graves; y sanitarias, a través de MUFACE o de la mutua de trabajo
que corresponda a los cotizantes del régimen general.
A la firma de este protocolo, que
también ha sido suscrito por UGT, se ha llegado tras una dura negociación, ya
que la Administración se negó obstinadamente a recoger al colectivo de
funcionarios de prisiones dentro del Protocolo de actuación frente a la
violencia en el trabajo dentro del ámbito AGE (Administración General del
Estado), que finalmente fue aprobado por Resolución de 26 de noviembre de 2015
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Denuncia a la Justicia
El nuevo protocolo también concreta
medidas de apoyo psicológico, sin límites de sesiones hasta una total
recuperación; de asistencia jurídica, con la obligación de remitir la dirección
del centro la denuncia de la agresión a la autoridad judicial, más la suscripción
de una póliza de seguro de accidentes, póliza de seguro de responsabilidad
civil y la implementación de comisiones de servicio para los empleados públicos
víctimas de agresiones graves; y sanitarias, a través de MUFACE o de la mutua
de trabajo que corresponda a los cotizantes del régimen general, así como un
Plan de Formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas, con un
mejor conocimiento de la población reclusa.
Fuente: Diario La Comarca de
Puertollano
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