El Ministerio del Interior
aprecia delitos en la «desaparición y borrado de archivos» referidos a las
contrataciones públicas realizadas en las obras de la vivienda de la que fuera
directora general de Instituciones Penitenciarias con Zapatero, y actual número
cuatro de la candidatura del PSOE a la Comunidad de Madrid, Mercedes Gallizo.
El departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha remitido ya a la Fiscalía
las conclusiones de esta información reservada.
El 13 de noviembre de 2014, el
actual responsable de las cárceles españolas, Ángel Yuste, ordenó la apertura
de una información reservada, la número 2014/0122, para «averiguar las
circunstancias de la supuesta desaparición de la documentación física y
registros informáticos de la base de datos de la Inspección Penitenciaria, y
concretar el contenido de la información desaparecida». Ahora, seis meses
después, la inspección ha elevado sus conclusiones, que apuntan a la comisión
de varios delitos. El informe, de más de 100 folios, y sus anexos han sido remitidos
ya a la Fiscalía.
Los investigadores de
Instituciones Penitenciarias concluyen que de lo que se trata no es de una
«pérdida accidental» de los registros «de la aplicación informática Carga de la
Inspección Penitenciaria». Este borrado coincide con la supresión de los
registros informáticos del informe de inspección 2007/382 y con la desaparición
del soporte documental físico del archivo de la Inspección.
En cuanto a la concreción del
material desaparecido, las conclusiones elevadas al fiscal apuntan que en marzo
de 2008, tras las revelaciones publicadas por el EL MUNDO, se realizó una
investigación de la Inspección Penitenciaria relacionada con las obras en la
sede del centro directivo de la vivienda que Mercedes Gallizo compartía con su
hija. Se constató por la Subdirección General de Servicios que «habían
desaparecido al menos ocho expedientes de contratación, dos de los cuales
hacían referencias a las obras y reformas realizadas en la vivienda» de la
entonces responsable de las cárceles «y a la remodelación de espacios» para la
«creación de una nueva vivienda en la sede» de Prisiones, que, como ya reveló
este periódico, era para uso y disfrute exclusivo de la hija de Gallizo,
estudiante de un máster de Periodismo en Madrid.
Información publicada en EL
MUNDO en 2008.
Un mes antes, en febrero de
2008, la Subdirección de Servicios buscó «una serie de expedientes de
contratación, y ya conoció la desaparición de al menos uno de los expedientes
referidos a esas obras». Pese a ello, los inspectores aseguran ahora que «no
queda constancia física de la investigación realizada» en aquellas fechas «ni
de los expedientes de contratación, que permanecen desaparecidos desde, al
menos, 2008».
Los analistas constatan también
la «coincidencia de las fechas entre el informe de inspección, cuyos registros
informáticos han sido suprimidos, y que fue iniciado en septiembre de 2007, y
la aparición en prensa de noticias relacionas con obras en la vivienda de la
entonces secretaria general de Prisiones en marzo de 2008». Tras la publicación
en EL MUNDO de que existía documentación donde se acreditaba que Gallizo
encargó en la primavera de 2006 la adaptación de un edificio para hacer un
apartamento para el caso de que su hija fuera a verla, «Prisiones abrió una
investigación sobre filtraciones, por lo que hay suficientes indicios en la
presente información reservada para concluir que en 2008 la Subdirección
General de Servicios y la Subdirección General de Inspección Penitenciaria
conocieron de la desaparición de, al menos, ocho expedientes de contratación»,
dos de ellos relacionados con obras realizadas en la vivienda de Gallizo.
El informe elevado al fiscal
destaca también que, «a pesar de conocer la desaparición de una serie de
expedientes de contratación, quizás por la materia que trataban -obras y
reformas de la vivienda de la secretaria general-, quizás por su repercusión en
prensa, no consta que se remitiese la posible infidelidad en la custodia de
documentos públicos al fiscal, ni que estos hechos tuvieran una repercusión a
nivel administrativo». Los inspectores apuntan que esta «inhibición en el
proceder administrativo» podría ser la explicación de la eliminación del rastro
de la investigación iniciada en su día. Los investigadores concluyen, por
tanto, que «la existencia de irregularidades administrativas no podrán ser
constatadas por la desaparición de la documentación».
‘Tengo derecho a vivir con mi
hija’
EL MUNDO desveló el 6 de marzo
de 2008 la decisión de la entonces responsable de Prisiones del PSOE, Mercedes
Gallizo, de poner en marcha unas obras en la sede central de Instituciones
Penitenciarias con el fin de habilitar un apartamento para su hija, quien en
aquellas fechas estaba cursando un máster en Periodismo en Madrid. La
información detallaba que la decisión de la actual candidata a la Comunidad de
Madrid afectaba a la estructura exterior de un edificio de patrimonio público
ubicado en la calle Gran Vía. El espacio que estaba habilitando para su hija
estaba destinado a las oficinas de Prevención y Riesgos Laborales de Prisiones.
Además, la responsable penitenciaria no solicitó las preceptivas autorizaciones
al Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo esta reforma. Al ser preguntada en
su día por EL MUNDO, Gallizo aseguró: «Yo no tengo una vivienda oficial lo suficientemente
grande, 60 metros cuadrados incluido pasillo, y tengo derecho a vivir con mi
hija».
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